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Defensa penal corporativa

“Bringing Criminal Chargers Against Corporations”, “Federal Sentencing Guidelines for Organizations” y “Thompson Memorandum”. Al lector poco avezado en cuestiones de técnica legislativa y ordenamientos jurídicos Internacionales habrían de extrañarle pero, en realidad, son el paradigma Norteamericano con el que las empresas aspiran a tener la consideración de “Ciudadano Correcto” (Good Corporate Citizens).

Analizando en profundidad los anteriores modelos jurídicos, máxime teniendo en cuenta el tiempo que llevan en vigor, no resultaría descabellado pensar que nuestro Legislador a buen seguro los ha tenido de referencia y consideración en cuanto a la necesidad de armonización con la legislación comparada y al objeto de evitar el supuesto agravio comparativo con otros ordenamientos jurídicos.

Y aunque a simple vista pueda parecer un tema baladí no deberíamos caer en tal consideración si tenemos en cuenta que, los primeros casos emblemáticos en EEUU fueron la energética Enron y la empresa de telecomunicaciones WorldCom y tanto en una como en otra, se detectaron considerables “errores contables” con más o menos complicidad de importantes firmas de auditoría.

Más de una década después, los principios que rigen la actuación de los fiscales en EEUU están basados en fomentar la auto-responsabilidad de las personas jurídicas, la cooperación de éstas y la implantación de modelos de prevención de riesgos y delitos penales. Y hoy, años después de la entrada en vigor de nuestro nuevo Código Penal podemos aventurar que, la voluntad del Legislador, ha sido buscar la cooperación de las personas jurídicas con el ánimo de evitar que se produzcan determinados hechos y no reaccionar una vez cometidos. En definitiva, la prevención por encima del riesgo.