Defensa Penal Corporativa

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Informe de Defensa Penal Corporativa

Con la entrada en vigor el día 23 de diciembre de 2010 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que reformaba la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, se introdujo una nueva regulación relativa a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y con la Ley Orgánica 1/2015 que reforma, nuevamente, la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, en especial el artículo 31.bis, se introducen nuevas mejoras técnicas con respecto a dicha regulación de las personas jurídicas.

Con los citados cambios normativos, se produce un aumento de las posibilidades de que las empresas sean consideradas "sujetos activos del delito", viéndose implicadas en procesos penales y pudiendo responder por ilícitos penales cometidos por sus administradores, representantes, autorizados e incluso por sus empleados y todo ello, por no haber prevenido la comisión de un delito, lo que hace exigible que las empresas adopten Modelos y Protocolos Activos de Control y Prevención de Delitos contemplados en el Código Penal.

En el ámbito económico y por citar alguno de ellos, pueden provocar responsabilidad penal de la persona jurídica los siguientes delitos: descubrimiento y revelación de secretos (197.3), estafa (251 bis), insolvencia fraudulenta (261 bis), daños informáticos (264.4), daños contra la propiedad intelectual e industrial y daños contra el mercado y los consumidores (288), blanqueo de capitales (302.2), contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (310 bis), contra la ordenación del territorio y el urbanismo (319.4), contra el medio ambiente (327 y 328.6), cohecho (427.2), tráfico de influencias (430) y corrupción en las transacciones internacionales (445.2).

En cuanto a dichos delitos, el incumplimiento del deber de adoptar y ejecutar  modelos eficaces de organización y control para la prevención de esos delitos puede causar un daño a la sociedad si la persona jurídica es condenada por la vía penal, y no sólo en aspectos puramente económicos sino también en cuanto a la imagen misma de la persona jurídica, llegando incluso a la disolución, suspensión temporal de actividades, clausura temporal de locales, prohibición de realizar determinadas actividades dentro de su objeto social, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas y finalmente, la propia intervención judicial.

Inicialmente y a la luz del mencionado artículo 31 bis debe concluirse, por tanto, que este deber tiene un contenido triple:

  • Adoptar modelos eficaces de organización y control para la prevención de determinados delitos
  • Ejecutar eficazmente dichos modelos mediante la creación de un órgano con poderes autónomos de decisión y control y la supervisión de su funcionamiento
  • Aplicar las medidas pertinentes en caso de percibir un funcionamiento ineficaz de este órgano para la consecución de sus fines.

Y una vez detallada la norma, los delitos y sus posibles consecuencias en contra de la persona jurídica, así como las medidas que dicha norma propone, surgen en el seno de las empresas las siguientes preguntas: ¿qué debemos hacer?, ¿necesitamos un modelo y protocolo de compliance?, ¿quién debe hacerlo?, ¿qué forma hay que darle?, y finalmente, ¿sirve de algo un programa de compliance penal?.